La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático prevé un gasto de 750 millones de euros durante los próximos diez años en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas. Unas inversiones correspondientes a los planes directores de ambos sectores, documentos que ya están en avanzada fase de tramitación. Estas inversiones se realizarán en colaboración con el Gobierno central y los ayuntamientos.
Así lo ha anunciado el responsable de este departamento y vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, en la Junta General. El consejero ha incluido la ejecución de los planes entre las prioridades de la nueva Dirección General del Agua, que dirige Vanesa Mateo.
Cofiño ha explicado que el plan de abastecimiento, con una inversión prevista de 430 millones de euros, identifica como principales necesidades “el refuerzo del abastecimiento del área central y las conexiones para garantizar el suministro en toda la región, incluso en los escenarios más desfavorables que puedan darse con las previsiones del cambio climático”.
Otra de las prioridades que plantea el documento es la renovación de las instalaciones en alta de depósito, bombeo y potabilización, “para adecuar la calidad del agua suministrada a los estándares más exigentes y disminuir pérdidas”.
El vicepresidente ha citado algunas de las medidas que impulsará la Dirección General del Agua:
- Conexión del embalse de Soto de la Barca con la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Ablaneda.
- Ampliación de las instalaciones de cabecera en Rioseco (ETAP y depósito de cabecera).
- Estación de bombeo en el sistema central para el abastecimiento desde la arteria costera en Gijón hasta el depósito de Celles.
- Regeneración del agua residual tratada en la estación depuradora de aguas residuales de Villapérez para su aprovechamiento en usos industriales, medioambientales y de servicios.
Ámbito territorial
La ampliación del ámbito territorial se realizará a través de la construcción de tres grandes arterias, que discurrirán por las cuencas de los ríos Nalón, Caudal y Sella-Piloña. A partir de estas nuevas conducciones, y aprovechando otras instalaciones, se desarrollarán las infraestructuras de conexión con los principales sistemas de abastecimiento de cada municipio:
- Bajo Nalón: Cudillero, Pravia, Candamo, Grado, Salas y Las Regueras.
- Zona oriental: Piloña, Parres, Cangas de Onís, Ribadesella, Colunga, Caravia y Llanes.
- Cuencas Aller-Caudal: Soto de Ribera, Morcín, Riosa, Mieres, Lena y Aller.
Por su parte, la expansión del sistema occidental se materializará en una arteria que prolongue el ramal este, desde Villapedre hasta Luarca, y se complementará con varias redes de conexión a los sistemas municipales.
En materia de saneamiento, el consejero ha indicado que el plan, cifrado en 320 millones de euros, pretende resolver, entre otras cuestiones, “los problemas de saneamiento y depuración de las aglomeraciones urbanas y de las agrupaciones rurales”.
Nueva ley del agua
Otra de las cuestiones que se abordarán es la elaboración de una nueva ley del agua que definirá “un modelo de gestión integrada de los recursos hídricos de Asturias, con el fin de garantizar el acceso a los servicios a toda la ciudadanía en términos de igualdad”, ha señalado el vicepresidente. El texto legislativo definirá, asimismo, el modelo de gestión de las cuencas intracomunitarias susceptibles de ser transferidas por el Estado.
En este sentido, Cofiño ha manifestado que el Ejecutivo autonómico “no renuncia a seguir avanzando en el legítimo autogobierno del Principado”. “Por tanto, no descartamos poner de nuevo en marcha el proceso de reclamación de las competencias pendientes en materia hidráulica, que requiere activar la Comisión Mixta de Transferencias con el Ministerio”, ha agregado.
El vicepresidente ha resaltado que estas competencias, que figuran como exclusivas de la comunidad en el Estatuto de Autonomía, “son de las pocas que quedan pendientes de desarrollar”. Y ha precisado que el traspaso “podría acompasarse con el desarrollo del nuevo marco legislativo en materia de agua”.
“En cualquier caso, habrá que ser cautos y evaluar adecuadamente las repercusiones que la asunción de esas nuevas competencias supone para el Principado, en lo que se refiere a medios personales, materiales y económicos que deberán ser traspasados desde el propio Ministerio”, ha añadido.
La asunción de competencias hidráulicas permitiría que, en al menos el 70% de la superficie del territorio, donde vive más del 90% de la población, la administración fuese totalmente del Principado.