La junta de gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha aprobado el presupuesto consolidado de la sociedad para el próximo ejercicio, que asciende a 49.709.033 euros. Esta cifra supone un incremento del 11,4 % respecto a este año.
El capítulo de inversiones se eleva a 22.162.193 euros, de los cuales más de 17 millones se destinan a la planta de clasificación de residuos de la bolsa negra, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2023. Otras actuaciones significativas se dirigen a la construcción de nuevos puntos limpios, a la mejora de la eficiencia de la planta de clasificación de envases y a la ampliación de la planta de compostaje de residuos vegetales, que suman 2.575.000 euros. De esta cantidad, 1,8 millones de euros corresponden a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, el consorcio prevé acometer en 2022 las obras de conexión del centro de tratamiento de residuos a la red de gas natural, trabajos a los que se destinan casi 800.000 euros. Esta actuación posibilitará el suministro de gas al complejo y la construcción futura de una gasinera. Además, abre las puertas a la exportación de biometano para usos industriales y domésticos.
Por otra parte, Cogersa mantendrá un año más las ayudas a las parroquias colindantes de Gijón, Carreño, Corvera y Llanera, por un importe de 216.364 euros, así como el apoyo a la Cátedra Cogersa de Economía Circular, mediante una transferencia de 60.000 euros a la Universidad de Oviedo.
Durante la reunión, presidida por la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, y a la que también ha asistido la gerente de Cogersa, Paz Orviz, se han aprobado las tarifas de los servicios prestados por la entidad para el próximo año. En este sentido, destaca la continuidad de la gratuidad del tratamiento mediante biometanización de los biorresiduos recogidos separadamente por los ayuntamientos.
El resto de tarifas se incrementa, de forma general, un 3%, de acuerdo con las previsiones del IPC. Los servicios que más dependen del consumo de combustible experimentarán una subida del 7,5%, mientras que la gestión de los residuos no peligrosos depositados en vertedero subirá un 10%, con el fin de hacer frente al coste de la ampliación.