Seis de cada diez empresas con 50 o más trabajadores radicadas en Asturias cumplen con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad y el 56% de las mismas cuenta con un porcentaje igual o superior al 2% de la plantilla exigido por la legislación vigente. Además, otro 3% de estas compañías cumple con la normativa mediante alguna de las medidas alternativas legalmente establecidas, generalmente la compra de productos o contratación de servicios con centros de especiales de empleo, mientras que un 21,5% emplea a personas con discapacidad, pero no alcanza el 2% exigido por la ley ni aplica medidas alternativas.
Estos son algunos de los datos recogidos en el estudio El empleo de personas con discapacidad en las empresas. Asturias 2023, encargado por la Fundación para la Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad (Faedis).
Este estudio se puede consultar en el siguiente enlace a la web de Faedis
La finalidad principal del trabajo consiste en conocer, en general, la situación del mercado laboral en Asturias en lo que atañe a las personas con discapacidad. En particular, su contratación por parte de las 492 empresas asturianas con 50 o más trabajadores.
Según el estudio, la cifra total de personas activas de este colectivo en el Principado asciende a 16.415, de las que el 53,3% están ocupadas. De ellas, el 12,5% trabaja en empresas de 50 o más trabadores y el 40,8% restante lo hacen en otras de menor tamaño, la Administración pública o centros especiales de empleo, o son autónomos.
El 85% de las compañías emplean habitualmente a personas con discapacidad y más de la mitad lo hacen desde hace más de diez años. Están movidas, principalmente, por su compromiso con la integración social y el cumplimiento de la legislación vigente. También influyen las ventajas económicas que lleva aparejada la contratación de estos trabajadores.
La mitad de los negocios que no contratan a este colectivo aducen que no reciben candidaturas y una cuarta parte considera complicado el proceso de incorporación por motivos relacionados con la burocracia. Además, siete de cada diez manifiestan tener dificultades para encontrar candidatos adecuados al puesto.
El trabajo publicado por Faedis revela la existencia de un número elevado de empresas que no cumple la normativa relacionada con la cuota de reserva de plazas. En la mayor parte de los casos se debe a una falta de conocimiento sobre esta obligación.
El papel de la Administración, de las entidades colaboradoras y de las fundaciones y asociaciones que trabajan en beneficio de este colectivo es fundamental a la hora de informar a las empresas sobre esta obligación, según recoge el estudio, que destaca la importancia de formar mejor a estas personas para adaptarse a las necesidades de las empresas demandantes.
Además, se considera preciso establecer mecanismos que hagan más sencillo el envío de candidaturas ante ofertas de empleo tanto desde el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) como desde entidades colaboradoras, fundaciones o asociaciones.
Tasa de desempleo
Los desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) representan el 22% (3.666 personas), al que hay que añadir otro 24,4% adicional (4.000 personas) que, según datos de la Encuesta de Población Activa, buscan trabajo aunque no están registrados formalmente en ninguna oficina de empleo público.
En relación con las cifras de desempleo, se observa un descenso importante en los últimos diez años, aunque no al mismo ritmo que lo ha hecho el desempleo de las personas sin discapacidad. Así, en 2013 existían en Asturias 4.332 desempleados con discapacidad, que representaban el 4% del total, mientras que en 2022 la cifra baja a 3.666 desempleados, aunque la proporción ha aumentado hasta el 5,9 %. En el mismo periodo de tiempo se observa una mejora de la empleabilidad de las personas de 25 a 44 años. Y, a su vez, aumentan las dificultades de colocación de los mayores de 55 años.
El perfil de la persona desempleada con discapacidad es el de un hombre o una mujer mayor de 45 años, con un grado de discapacidad entre el 33% y el 40%, con estudios de educación secundaria obligatoria y cuya última ocupación se desarrolló en el sector servicios.