La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación blindará la financiación de la I+D+i en Asturias para los próximos años y elevará de cinco a siete años la vigencia de los programas de ayudas y atracción de talento, con el objetivo de converger con Europa y afianzar el crecimiento del sistema científico-tecnológico regional. El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, ha solicitado el consenso de todos los grupos parlamentarios para que salga adelante un proyecto que considera clave para el futuro de Asturias.
Uno de los objetivos del proyecto de ley debatido en la Junta General pasa por incrementar paulatinamente la inversión en investigación e innovación hasta 2030. En concreto, se prevé alcanzar los 1.075 millones de euros anuales en esa fecha, tanto de inversión pública como privada, lo que supondría el 3% del PIB asturiano.
Sánchez ha defendido la norma como vía para reordenar el sistema de I+D+i autonómico e impulsar una economía basada en el conocimiento y la innovación. “Esta ley es la clave de bóveda para que la ciencia, en su sentido amplio, se consolide como motor del futuro de Asturias. La ciencia debe ayudarnos a resolver problemas cada vez más rápido y, ahora más que nunca, ayudarnos a crear sociedades y economías resilientes e inclusivas”, ha manifestado.
Apuntes sobre el texto
El texto legal, que cuenta con 66 artículos, incluye medidas de convergencia europea en la planificación para la ciencia, la tecnología y la innovación, con una duración de los programas marco de siete años, frente a los cinco actuales. Esta ampliación, que se incluirá en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) a partir de 2028, permitirá planificar con más tiempo y dará estabilidad a las convocatorias de atracción y retención de talento. A juicio de Sánchez, posibilitará atraer aún más inversión extranjera directa y talento global.
La norma persigue, además, fortalecer las relaciones en materia de I+D+i entre administraciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el ISPA-Finba, la Universidad de Oviedo y la ciudadanía.
Uno de los puntos clave es la creación de un Cuerpo Superior de Investigación, siguiendo el modelo del CSIC, de forma que el Principado pueda contar con personal investigador dentro de la Administración. La ley incluye tres escalas: profesor/profesora de investigación, investigador/a y científico/a titular.
El consejero ha aludido al apoyo al talento como pilar fundamental de esta ley. “Necesitamos formar y retener a los mejores investigadores, porque solo con personal cualificado podremos llevar adelante nuestra visión de un futuro más innovador”, ha indicado. Al mismo tiempo, ha apostado por dar estabilidad a la carrera profesional del personal investigador, con el fin de facilitar la movilidad y el crecimiento dentro del sistema.
Otras cuestiones contempladas
La ley también contempla cuestiones centrales como la identificación y registro de todos los agentes que participan en la I+D+i asturiana, el impulso a la ciencia abierta para hacer públicos los resultados de la investigación, la puesta en marcha de un observatorio de la innovación o la transferencia de conocimiento y de la innovación empresarial, así como la creación de entornos controlados de pruebas (sandboxes) y el fomento de la compra pública innovadora.
Según ha subrayado Sánchez, con esta ley, Asturias tiene la oportunidad de posicionarse como una referencia en ciencia e innovación. “Tenemos los recursos, el talento y la voluntad para hacerlo, pero es necesario que todos los actores, desde el sector público hasta el privado, desde las universidades hasta las pequeñas empresas, trabajemos juntos para alcanzar este objetivo”, ha precisado.