El Gobierno de Asturias ha aprobado los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado de Asturias. Hablamos de un centro de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro centro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Las entidades promotoras disponen ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.
El acuerdo adoptado no supone el funcionamiento inmediato: es un trámite administrativo que permite a ambas instituciones académicas continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad. El Gobierno del Principado, que reafirma su compromiso prioritario con la Universidad de Oviedo, la universidad pública, velará en todo momento por el cumplimiento estricto de la legalidad y la garantía de la oferta de estudios superiores en condiciones de calidad.
Antes de impartir clases, los centros privados de Avilés y Oviedo, deberán solicitar la autorización de inicio de actividad. Para lograr ese permiso, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario.
Ambas entidades prevén ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud. Su actual demanda está por encima de la oferta que puede cubrir la universidad pública o que actualmente no se imparten en Asturias.
En el caso de la Universidad de Nebrija, plantea impartir el Grado de Enfermería. Por su parte, la Universidad Alfonso X El Sabio presenta una oferta con cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health), si bien la propuesta pasaría por una implantación gradual que culminaría en cinco años.