El Gobierno de Asturias ha aprobado el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas, al tiempo que blinda la condición de los menores como personas titulares de derechos. El texto elaborado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar pone el foco en actuaciones de sensibilización, detección precoz, asistencia y amparo frente a cualquier forma de violencia. También robustece la prevención y la creación de entornos seguros.
El documento, que se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria, obliga a incorporar en todos los proyectos normativos un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. Además, recoge la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a la infancia y la adolescencia en el que se definan las políticas públicas para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes y mejorar así su calidad de vida.
Entre los derechos de la infancia y la adolescencia, la norma recoge los de expresión, libertad de información, derecho a ser escuchado, libertad ideológica, derecho de asociación y reunión y de participación ciudadana, igualdad o educación.
Continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia
El proyecto asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del consejo autonómico de participación.
Igualmente, el texto robustece la colaboración entre los servicios sociales y los sistemas sanitario y educativo, así como con los ayuntamientos, para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores. Con el mismo propósito, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.
La iniciativa mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención. Y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo, entre otros. En concreto, recoge de modo pormenorizado los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.
Respecto al acogimiento familiar, el texto ordena las compensaciones económicas y plantea una novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para ofrecer la mejor atención a los menores. En cuanto al acogimiento residencial, regula los programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.
El proyecto incorpora un capítulo específico sobre menores migrantes no acompañados, en el que se garantiza el acceso a diferentes servicios, independientemente de su situación administrativa.